Quiero empezar recordando que, aunque la Constitución española no reconoce a la población gitana como minoría, evidentemente, a las personas gitanas nos afecta el marco normativo general, es decir, la Constitución, los tratados internacionales firmados por España y todas las leyes y normas que lo desarrollan: Código Penal, Código Civil, Estatutos de Autonomía, etc.Por obvio que parezca, cuando hablamos de personas gitanas y de los problemas a los que nos enfrentamos debemos tener en cuenta siempre que estamos hablando de ciudadanas y ciudadanos españoles y españolas de pleno derecho. A veces parece que este dato fundamental se olvida y se trata a las personas gitanas y a los asuntos gitanos como si no fuéramos igual de ciudadanas que las demás y como si los problemas específicos que
padecemos no fueran asuntos que competieran al Estado del que formamos parte.(…)